México, DF., (Notimex).- El equipo de futbol América en Alianza con Grupo Nacional Provincial (GNP) y Fundación Televisa otorgará becas para estudiantes de las comunidades indígenas Mazahua y Tarahumara a nivel secundaria, medio superior y superior.
Este proyecto tiene como objetivo que los jóvenes indígenas de dichas comunidades, Mazahua, en el estado de México, y Tarahumara, en Chihuahua, no dejen sus estudios por falta de recursos económicos.
La mecánica consistirá en que personalidades e importantes figuras públicas de diversos ámbitos cobrarán tiros penales al portero del equipo “azulcrema”, Guillermo Ochoa. Cada uno de estos tiros de castigo se traducirá en cinco becas de ciclo completo para los estudiantes.
En caso de que Ochoa ataje los penales, GNP cubrirá el monto total de la beca, que es de tres años, pero si logran concretar el gol el gasto correrá por parte del Club América.
La transmisión de cada penal que se ejecute se realizará del 21 de septiembre al 23 de noviembre, en el programa La Jugada que se transmite los domingos por la noche.
15 sep 2008
Denuncian ONG mexicanas ante ONU criminalización de protesta social
Ginebra, Suiza (El Universal).- Más de 50 Organizaciones No Gubernamenteles (ONG) y entidades civiles mexicanas denunciaron hoy en Ginebra la sistemática criminalización de la protesta social en México y la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que perpetran violaciones de los derechos humanos.
"El Gobierno penaliza la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos", declaró Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del estado de Guerrero, el más pobre del país.
El centro Tlachinollan forma parte de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, formado por una cincuentena de entidades defensoras de los derechos humanos.
La Red presenta esta semana en Ginebra el documento elaborado por la sociedad civil para que sea tenido en cuenta en el Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado que México será objeto de análisis el próximo febrero.
Según el texto, "a pesar de que México ha recibido un gran número de relatores y relatoras y que ha sido objeto de numerosas recomendaciones, éstas no se han traducido en acciones concretas por parte del Estado mexicano, ni tampoco han hecho que los derechos humanos se conviertan en prioridad dentro de las políticas públicas".
"Es por ello que debemos protestar para hacer valer unos derechos que no están reconocidos, y el Estado, en vez de actuar en consecuencia, responde reprimiendo y enjuiciando los movimientos sociales", explicó Rosales.
El informe señala que la impunidad es un "factor que aparece como elemento común de las violaciones de los derechos humanos".
"En este contexto de enorme inequidad, las autoridades federales, estatales y municipales han asumido una política de represión y criminalización de la protesta social", indica el documento.
Dicha política, agrega, "implica acciones represivas policíacas que nunca son investigadas y sancionadas y, al mismo tiempo, supone hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos".
Como ejemplo, Rosales destacó que sólo en el último año se han registrado en Guerrero 201 casos de detenciones arbitrarias.
En total, la Red contabilizó 60 casos de criminalización de la protesta social.
Asimismo, el texto resalta que "el país vive una lacerante violencia estructural, ejercida por las instituciones y el sistema social, que se manifiesta tanto en la desigualdad como en la represión".
Señala tanto la represión policial, "uso desproporcionado de la fuerza, secuestro exprés, torturas, abusos sexuales a las mujeres, etc", como la militarización de la vida civil.
Rosales subrayó que "los militares actúan impunemente porque, en caso de acusación, son juzgados por la justicia militar que de forma continua los exime de cualquier responsabilidad, a pesar de que estos actos constituyan violaciones a los derechos humanos de civiles".
"Exigimos el cumplimiento de los compromisos que México ha firmado en numerosos tratados internacionales y que las distintas autoridades se sienten a dialogar con la sociedad civil", agregó el activista.
Los representantes de la Red se han reunido estos días con los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, Pueblos Indígenas, Alimentación, Violencia contra la Mujer e Independencia de los Jueces.
Además, durante su estancia en Ginebra, el grupo se entrevistará con la nueva relatora de Derechos Humanos de la ONU, Sima Samar.
Hay más de 100 mil niños indígenas sin acta de nacimiento en México
México, DF., (Notimex).- Un estudio de la Cámara de Diputados reveló que más de 100 mil niños indígenas en México carecen de acta de nacimiento, por lo que no son aceptados en la educación preescolar y básica de la Secretaría de Educación Pública.
Ante ello, se destaca que urge establecer una campaña nacional para registrar a esos menores de edad que al carecer de identidad oficial son presa de traficantes de personas, robachicos y mafias de explotación infantil.
El coordinador del Area Jurisdiccional del PRD en la Cámara de Diputados, César Flores Maldonado, expuso que en la mayoría de los casos se trata de niños en pobreza extrema, migrantes, cuyos padres no cuentan con los recursos para pagar el documento ante el Registro Civil.
Destacó que de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sólo en el estado de Chiapas hay casi 25 mil niños indígenas que carecen de acta de nacimiento, lo que les impide ingresar a la escuela y a los servicios de salud pública.
"Para el Estado mexicano son invisibles, no cuentan en las estadísticas de pobreza, ni en las mediciones de cobertura educativa, porque no tienen la identidad que el gobierno les niega al cobrar por este servicio", agregó el análisis legislativo.
El diputado federal César Flores Maldonado, agregó que esos niños son originarios de estados del sur y sureste del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, principalmente, aunque viven en otras entidades donde sus padres emigran para trabajar.
"Muchos viven en el Distrito Federal, en vecindades del Centro Histórico; otros más en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California; trabajan con sus familias sin la posibilidad de asistir a la escuela", indicó el legislador en entrevista.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática señaló que se hará un exhortó a la SEP para que inscriba a miles de niños en las escuelas, aunque carezcan del acta de nacimiento, siempre y cuando vayan acompañados de sus padres.
Asimismo, se demandará a la Secretaría de Gobernación y a los registros civiles del país realizar una campaña gratuita de entrega de actas de nacimiento a la población indígena y en pobreza extrema.
El acta de nacimiento es un documento esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por tanto, un instrumento de protección.
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